La corte penal dio a conocer este jueves 28, luego de una investigación de 17 años a Colombia por presunta violación de los derechos humanos, cometidas por grupos armados, se archiva el caso.

Así lo informó, desde la Casa de Nariño, el fiscal de la CPI, Karim Khan, que se encuentra por estos días en el país y que, en compañía del presidente Iván Duque.

Aseguró que el tribunal internacional encasillará el caso, que inició desde el 2004, siempre y cuando las autoridades nacionales dicten las medidas cautelares contra los responsables de asesinatos, secuestros y otros hechos que azotaron al país en medio del conflicto armado.

Las dos personalidades, además, firmaron un acuerdo de cooperación entre el Gobierno de Colombia y la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional.

El primer mandatario destacó diciendo: “Este acuerdo se logra, en gran parte, por el apoyo del Gobierno Nacional al desarrollo de la #EconomíaNaranja y las #IndustriasCreativas”, expresó.

A su vez, Khan aseguró que Colombia, de la mano de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Justicia Especial de Paz, trabajan en pro del esclarecimiento de los hechos que llevaron a que el país fuese indagado, preliminarmente, por casi una veintena de años.

“Me complace decir que Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales al igual que sus obligaciones reglamentarias, con base en el principio de complementariedad y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar”, dijo el fiscal Karim Khan.

El alto funcionario inglés destacó la labor que realizan varias entidades colombianas, incluida la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), que se creó con el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las extintas FARC.

Por esa razón, Khan aseguró que esa decisión se tomó tras los esfuerzos “realizados por el gobierno colombiano, la sociedad civil, las oenegés, la JEP y la Fiscalía general, así como todas las instituciones”.

Pese al anuncio, el también abogado de origen británico aseguró que el archivamiento del caso “no quiere decir que ese esté poniendo fin al apoyo, a los compromisos” que Colombia posee ante los tribunales internacionales con la preservación de los derechos de los ciudadanos y la dignidad humana.

Los hechos por los que el país era investigado datan desde principios del siglo, como crímenes de guerra, relacionados con el conflicto armado con las FARC y de lesa humanidad desde 2002, entre los que también participó el actual grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN).