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Seguridad y Justicia

Seguridad libias acusadas de agresión sexual contra menores

Seguridad libias acusadas de agresión sexual contra menores
Fuerzas de seguridad libias acusados de por extorsionar, torturar y agredir a migrantes como ella que intentaban llegar a Europa.
El año pasado las fuerzas de seguridad libias rescataron a la joven somalí creyó que ese sería el final de su sufrimiento. Había estado encerrada más de dos años, padeciendo agresiones sexuales a manos de traficantes de personas conocidos por extorsionar, torturar y agredir a migrantes como ella que intentaban llegar a Europa.

Pero la realidad fue otra, a joven de 17 años dijo que las agresiones sexuales han continuado, sólo que ahora las cometen guardias del centro gestionado por el gobierno en la capital de Libia, Trípoli, donde está detenida.

Ella y otras cuatro adolescentes somalíes que sufren abusos similares están rogando ser liberadas del centro de detención de Shara al Zawiya.

El lugar forma parte de una red de centros gestionados por el Departamento para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM) de Libia, respaldado por la Unión Europea en su campaña por convertir al país africano en un baluarte contra el flujo migratorio de personas, sobre todo africanas, que cruzan el Mar Mediterráneo.

"Aunque no es la primera vez que sufro ataques sexuales, esto es más doloroso porque fueron cometidos por la gente que debería protegernos", expresó la joven a la Ap desde su celular obtenido de contrabando.

"Tienes que ofrecer algo a cambio para poder ir al baño, o llamar a la familia, o para evitar una golpiza", explicó. "Es como si estuviéramos detenidas por los traficantes".

The Associated Press no identifica a las víctimas de agresión sexual, y la joven también pidió no ser identificada por temor a represalias.

Los contrabandistas y traficantes en Libia —muchos de ellos miembros de milicias— son conocidos desde hace tiempo por el trato brutal al que someten a los migrantes. Pero grupos defensores de los derechos humanos y agencias de las Naciones Unidas dicen que los abusos también se producen en las instalaciones oficiales que gestiona el CDIM.

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