Con 16 votos a favor de Morena y una abstención (también de Morena), fue aprobada en Hidalgo la iniciativa para la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas, la cual garantiza que las mujeres que decidan suspender la gestación reciban atención médica gratuita y segura.

Así, la entidad se convierte en la tercera del país en aprobar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), después de la Ciudad de México (2007) y Oaxaca (2019).
La iniciativa de las diputadas Roxana Montealegre, Rosalba Calva, Lucero Ambrosio y del diputado Ricardo Baptista, todos de Morena, fue presentada el lunes pasado en el pleno y enviada a comisiones conjuntas.

Durante la discusión en el pleno, las bancadas del PAN y la diputada de Encuentro Social Hidalgo (PESH), lo mismo que el PRI, expresaron su postura en contra de la ILE; el tricolor, bajo el argumento de que Morena había violentado la ley al no pasar la iniciativa para discusión en la Comisión de Justicia.

La diputada Jajaira Aceves, quien arribó como plurinominal al Congreso por Nueva Alianza, luego se cambió al PESH y en los últimos días se alió con Morena, criticó la iniciativa.

Al término de la discusión, el presidente de la Junta del Congreso, el panista Asael Hernández, pretendió continuar con la discusión y, en medio de descalificaciones, retó a los morenistas a seguir debatiendo, pero fue ignorado y se procedió a la votación, en la cual sólo participaron los 17 legisladores de Morena; 16 lo hicieron a favor y hubo una abstención de la legisladora Doralicia Martínez.

Los 11 legisladores restantes, del PAN, PRI, PT y PESH, no participaron en la votación.


Para las activistas hidalguenses, la aprobación de la ILE culmina una lucha de más de 20 años, en los que se buscó cabildear con las anteriores legislaturas.

La entrada de Morena abrió la posibilidad de que la reforma fuera avalada; sin embargo, ésta no pasó en votación en diciembre de 2020.

Ana Lara, de la organización Colectiva de Mujeres Contra la Violencia, señaló que despenalizar el aborto es tener un marco jurídico que permite a las instituciones garantizar el acceso a servicios de salud, en igualdad de condiciones, a las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo hasta las 12 semanas de gestación.

"El derecho a decidir (...) debió estar plenamente garantizado en la Constitución y fuera de los códigos penales, porque decidir no es un delito, es un derecho, pero cuando hablamos de conseguir derechos, las mujeres tenemos que pelear por ellos en las calles, en los congresos y en las instituciones, nada nos ha sido otorgado gratuitamente".

Daniela Téllez, de la agrupación Di Ramona, indicó que en los dos primeros meses de este año al menos ocho niñas de entre 12 y 14 años, víctimas de violación, tuvieron que ir a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo; al menos un par de ellas no lo lograron.