Hace unos días y por segunda ocasión la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el arresto de científicos que integran el Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

La acusación contra los investigadores causó gran conmoción, pues se les señaló de los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Pese a las intenciones de la FGR de enviar a los académicos del Conacyt al penal del Altiplano, la autoridad consideró como improcedente la medida cautelar de prisión preventiva.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, determinó que los investigadores operaron "bajo las reglas previstas en la ley".

Esto significa que los 244 millones de pesos utilizados por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre 2013 y 2019, fueron erogados conforme a derecho.

Hace unos días se reveló que María Elena Álvarez-Buylla, actual directora general del Conacyt, habría sido la responsable de denunciar a los científicos ante la FGR. al ser cuestionada sobre el acontecimiento, la bióloga negó las acusaciones; posteriormente la dependencia a su cargo emitió un comunicado donde se aclaró que no hay persecución en contra de los académicos.

Cabe destacar que si la FGR nuevamente busca ir contra los 31 integrantes del Conacyt deberá formular una nueva carpeta de investigación, pues la resuelta por el juez Salazar Hernández ya causó "estado".