De esta forma fueron reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución, con el objetivo de ampliar y agilizar el procedimiento que plantea la posibilidad de que el presidente de la República, así como senadores y diputados sean juzgados por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y delitos graves.

Miguel Ángel Mancera, senador del PRD, planteó que la realidad de lo que se está haciendo con está iniciativa es no distinguir entre el presidente y los legisladores.

Por ello la reforma constitucional planeta el mecanismo jurídico para proceder penalmente contra el titular del Ejecutivo, mismo que resalta que para ser viable, el presidente tendrá que ser acusado ante el Senado de la República, organismo que resolverá mediante el voto de dos terceras partes de sus miembros presentes la acusación respectiva.

En el caso de los legisladores federales, es decir diputados y senadores, este proceso ocurrirá cuando el caso amerite una previa declaración de procedencia realizada por la Cámara de Diputados.

Con información de Milenio y Excélsior