El Estado de Carolina del Sur en Estados Unidos, ha introducido una ley que obliga a los condenados a muerte a elegir entre fusilamiento y la silla eléctrica.

Esta ley se ha introducido después de que la falta de fármacos para la inyección letal paralizara las ejecuciones durante una década.

"Este fin de semana he firmado esta ley que permitirá al Estado aplicar la pena de muerte. Las familias y los seres queridos de las víctimas tienen derecho a llorar y a buscar justicia a través de la ley. Ahora podemos hacerlo", dijo Henry McMaster en Twitter.

Hasta el día de hoy, un condenado a muerte tenía que elegir entre la silla y la inyección, siendo esta última automática si se negaba a elegir. En consecuencia la organización de ayuda a los presos con sede en Carolina del Sur, Incarcerated Outreach Network, denunció la decisión en Twitter como "espantosa, impactante y abominable".

Para el representante local de la importante organización de derechos civiles ACLU, Frank Knaack, el Estado ha "encontrado una nueva forma de reiniciar las ejecuciones dentro de un sistema racista, arbitrario y propenso a los errores".

"El sistema de justicia de Carolina del Sur comete errores, pero la pena capital es irreversible", añadió en un comunicado, señalando que las personas de color constituyen más de la mitad de los condenados a muerte, pero sólo al 27% de la población del Estado.

La silla eléctrica no se ha utilizado desde 2008 y la última ejecución por inyección fue en mayo de 2011, según el Departamento Correccional del estado y los medios locales.