Frente a la crisis hídrica por la sequía prolongada, activistas han puesto un ultimátum al Congreso para que apruebe en periodo extraordinario la Ley General de Aguas, la cual plantea un acceso equitativo y participativo a este derecho y da dientes a la Conagua para controlar la sobreexplotación de grandes concesionarias.

El Congreso tiene menos de 15 días para votar lo que ha omitido en nueve años. Ante la emergencia declarada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) por la sequía prolongada, que en un efecto boomerang también limitará la operación de la industria, la coordinadora Agua para Todxs insiste en la urgencia de que se apruebe la Ley General de Aguas en un periodo extraordinario de esta LXIV Legislatura, que termina el 31 de agosto.

La dependencia prevé que el estrés hídrico aumentará durante los próximos 10 años en 30 de las 32 entidades. Pedro Moctezuma Barragán, académico que impulsa el dictamen que recoge las iniciativas consensadas en cientos de foros realizados desde 2012, afirmó en entrevista que es "histórico" el acuerdo con el que se podrán implementar "limitaciones temporales" mediante reducciones de volúmenes a los concesionarios que se encuentren en cuencas o municipios en sequía de severa a excepcional conforme indique el Monitor de Sequía en México. Al ser por el calentamiento global, dijo, estas medidas se volverán permanentes.

La calificadora Moody’s planteó que la medida de emergencia "limitará la capacidad" de generación de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que pone en riesgo el plan federal de modernizar 12 de estas plantas y complicará los esfuerzos por alcanzar el objetivo nacional de generar el 35 por ciento de la electricidad a partir de fuentes de energía limpia para 2024. Aunque las industrias de minería y de bebidas tienen planes de gestión, agregó, deberán aumentar el gasto de capital para mantener un acceso adecuado.

"Se está identificando esta falta de sustentabilidad por parte de las grandes empresas que no le apuestan a un cambio tecnológico, al ahorro de agua, descarga cero o a instalarse en sitios con disponibilidad", comentó Moctezuma Barragán respecto al análisis de Moody’s.

El proyecto de dictamen documenta con cifras de Conagua que 3 mil 304 usuarios (consorcios agroindustriales, inmobiliarias, embotelladoras, mineras) acaparan 22.3 por ciento de toda el agua concesionada, principalmente en acuíferos sobreexplotados.

"Ya no debemos tomar por sentado que tendremos suelos fértiles, agua y condiciones para vivir al mismo tiempo que seguimos con esta dinámica de tala, sobreextracción del agua y cediéndole al fracking y minería nuestros acuíferos para que los contaminen", aseguró.

El académico también cuestionó la lógica presupuestal enfocada en el mercado extractivista. "El fracking se financia con 10 mil millones de pesos mientras que las obras de agua potable y saneamiento para los municipios cuenta sólo con 2 mil 500 millones de pesos, es decir, se le da cuatro veces más a esta técnica", comparó.