Son áreas completas de la administración pública federal en las que el gobierno está exigiendo renuncias del personal de confianza sin excepción, incluidos niveles operativos (los más bajos) y servidores hasta con 33 años de antigüedad. En un audio en poder de Excélsior, Alejandro Álvarez, coordinador de Comunicación Social del gobierno federal, solicitó la renuncia a 12 empleados, el pasado 13 de diciembre, con el argumento de que tenía instrucciones de eliminar la nómina actual antes de enero y dar esos lugares al equipo de confianza del Presidente.

La reunión en donde Alejandro Álvarez exigió las renuncias fue en las oficinas de la Presidencia, en la colonia Condesa. Ahí, trabajadores que acababan de recibir la noticia de que en sólo dos días estarían desempleados, todavía con esperanza preguntaron si cabía la posibilidad de que el nuevo gobierno cambiara de parecer.

Sin embargo, Álvarez Ramírez respondió de manera tajante a los asistentes que era imposible porque, como la Oficina de la Presidencia es "muy sensible", prefieren trabajar exclusivamente con gente de su confianza. Además, aseguró que el nuevo gobierno tenía acordado con la administración anterior que el propio vocero del expresidente Enrique Peña Nieto, Eduardo Sánchez, entregaría las cartas de renuncia de toda el área de Comunicación Social antes del 30 de noviembre, algo que había incumplido.

"No crean que esta parte es fácil (solicitar las renuncias). Es complicada... pero a mí me tocó", indicó.

Algunos directivos sí acataron estas órdenes, como Jaime Hugo Talancón, director general jurídico en Materia de Delitos Electorales de la Fepade. Sin embargo, la mayoría de los directivos salientes se negaron a exigir las renuncias a su personal.

Los servidores despedidos coincidieron en que las renuncias se llevaron a cabo de forma masiva, entre grupos de 10 y 40 personas. También que les entregaron ya las cartas redactadas con los espacios en blanco para colocar su nombre, fecha, firma y huella digital.

La mayoría de los despedidos ni siquiera llegaron a conocer ni mucho menos a entregar sus puestos al nuevo personal.

Por ejemplo, en la Dirección General de Finanzas de Presidencia llegaron sólo dos personas de la nueva administración, cuando desde el 5 de diciembre se les pidió la renuncia a aproximadamente 30 personas.

"Siendo la oficina más importante del país, por la cercanía y apoyo que ofrece al Presidente, tendría que haber sido la primera en completar su equipo, pero no cuentan todavía con éste", aseguró un empleado de dicha área.

Por más que muchos de los directivos salientes abogaron ante la nueva administración para que retuvieran a trabajadores que representaban casos especiales, no tuvieron éxito. María, quien laboraba en Los Pinos desde el sexenio de Miguel de la Madrid y estaba a tan sólo cuatro meses de jubilarse, tuvo que firmar su renuncia.

"Se expusieron nuestros casos, pero al final salimos sólo con nuestra quincena. Están destruyendo a familias enteras", reprochó María en entrevista con Excélsior.

A personal con discapacidad también se le pidió la renuncia. Tampoco se respetó a personal del Servicio Profesional de Carrera, como Patricia, a quien con 25 años de antigüedad en Gobernación le pidieron firmar su renuncia y sin darle los tres meses de indemnización que le correspondían.

"Nos están separando contra la ley. Nos están tratando como si fuéramos el enemigo, sólo por haber trabajado en administraciones pasadas", dijo.

Rodolfo Martínez, socio del despacho Trusan & Roma, ha asesorado a empleados del Servicio Profesional de Carrera de diversas instancias a quienes, como a Patricia, se les exigió su renuncia sin una indemnización de por medio.

"Nosotros les pedimos que se den la oportunidad de luchar por sus derechos y que no renuncien, porque perderían su indemnización como lo marca la ley", comentó.

Si se convirtiera en una realidad la reducción de 70% de las plazas de los 318 mil empleados de confianza de la Administración Pública Federal, como lo han venido diciendo los funcionarios del nuevo gobierno durante los despidos colectivos podrían superar 220 mil.

Si bien no es legal y abre la posibilidad de que el gobierno federal enfrente demandas, la reducción de salarios a altos funcionarios no provocaría efectos catastróficos a nivel macroeconómico y, de hecho, resultaría positivo, porque aportaría a la redistribución de recursos para financiar prioridades que tendrán efectos en favor de un mayor sector de la población.

Con información de Excélsior:
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alistan-vacantes-federales-se-preve-70-de-reduccion-en-plazas/1285872