Empresa Carso Infraestructura fue la responsable de construir el tramo que se vino abajo el 3 de mayo.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene todos los elementos en la mano para fincarle no solo responsabilidades civiles, sino penales. Pero negociará para no dañar al hombre más rico de México.

El arreglo con el magnate podría enfilarse en tres direcciones: económica, penal y civil. No hay manera de evadirse porque existen documentos que comprueban que Slim supo de las irregularidades.

El gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá que cobrar a Carso la obra dañada, que se va a tener que demoler y volver a construir, con cargo a Slim, so pena de ser demandado por vicios ocultos.

Va a tener que asumir la responsabilidad penal, porque la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, que lleva Ernestina Godoy, es imposible que obvie la obligación de los encargados de la constructora de Slim

Asimismo, deberá indemnizar no solo a las familias de las 26 personas que murieron y los 79 que quedaron heridos, sino hacer frente a una demanda colectiva multimillonaria que se está preparando en Estados Unidos.

El reportaje del New York Times abrió la puerta a esa vía, porque las conclusiones a las que llega el periódico coinciden con los primeros peritajes de la investigación de la empresa noruega DNV.

Si el juez de Nueva York acepta la demanda que hasta ahora 14 familias están promoviendo, el asunto ya no lo podrá ni negociar ni parar Slim, como se cree lo empezó a hacer aquí con la gente de la 4T.