Cumplir cabal y puntualmente con la normatividad fiscal fortalece a las empresas y las hace más competitivas en el mercado de trabajo, coincidieron en señalar los dirigentes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, delegación Estado de México, Ismael Martínez Martínez; y del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A. C., Carlos Alfredo Fernández Menchaca.

Al firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones, los representantes de los constructores mexiquenses y los contadores públicos del Valle de Toluca, destacaron que las empresas que no cuidan puntualmente el cumplimiento de todas sus obligaciones legales, terminan por erogar gastos extraordinarios que van minando sus finanzas y que ponen en riesgo la seguridad social y laboral de sus trabajadores.

El convenio de referencia, tiene como objeto la colaboración, apoyo y promoción de las relaciones de intercambio profesional; coordinar acciones que faciliten el diálogo con autoridades, así como la impartición de programas, cursos, conferencias, pláticas, talleres, diplomados y seminarios, para impulsar toda actividad relativa a elevar la formación de los contadores públicos, colaborar en comisiones de trabajo, intercambiar expositores, difundir publicidad y realizar actividades en beneficio de los agremiados de ambos organismos.

Ismael Martínez Martínez, presidente de CMIC Estado de México resaltó que una de las principales fortalezas de las más de mil empresas constructoras afiliadas al organismo empresarial, es precisamente su condición de empresas legalmente constituidas, actualización fiscal y capacitación profesional permanente, que las hace más competitivas en el mercado de trabajo.

Por su parte, Carlos Alfredo Fernández Menchaca, presidente del Colegio de Contadores Públicos del Valle de Toluca A.C. puso a disposición de CMIC Estado de México la experiencia y asesoría profesional contables de sus colegiados, y advirtió que por desconocimiento de las leyes o por desorden administrativo, muchas empresas terminando pagando cantidades mayores de los montos a los que legalmente están obligadas para el cumplimiento de sus compromisos fiscales, además de la desconfianza que generan entre sus clientes y proveedores.