Recientemente, el Senado de la República aprobó modificaciones a la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. El proyecto pretende un servicio ferroviario en condiciones satisfactorias: eficiente, competitivo y seguro. Ante esto, la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF) aseguró que la reforma a la Ley de Ferrocarriles es contraria a la constitución y a diversos tratados internacionales; en especial, la reducción de las concesiones ferroviarias y las multas que se les impondrán.

Aseguran que las reformas dañan "la certeza jurídica, afecta severamente las inversiones realizadas en el sector e inhibe nuevas". Insisten en que tendrán "un fuerte impacto negativo para la modernización de la industria y […] la economía de México".

En un comunicado de prensa, hicieron hincapié en la futura reducción de las concesiones ferroviarias de 50 a 30 años; aseguran que vulnera sus derechos adquiridos y contraviene al Artículo 14 de la Constitución, "con efectos expropiatorios".

Sobre las multas que busca imponer la ley, el organismo las calificó de "discrecionales y desproporcionadas". El Senado designó que cuando se preste servicio público de transporte ferroviario sin la concesión respectiva; la multa será el equivalente de 5% y hasta 10% de los ingresos del concesionario. En su comunicado, la AMF insiste que "se busca imponer multas excesivas, discrecionales y desproporcionadas".

También enfatizó que con la ley avalada la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) invade atribuciones de otras autoridades. Señalaron que con esta disposición se discrimina al sector ferroviario respecto de otros; advierten que esto hace "más grande e injustificada la brecha regulatoria del ferrocarril frente al autotransporte".

Por último, la Asociación lamentó que los legisladores no diesen oportunidad a la industria ferroviaria de presentar información y argumentos sobre estas modificaciones. "Reiteramos nuestra plena disposición para hacerlo, en beneficio del desarrollo económico y el bienestar del país".