Esta semana se aprobó la Ley de Hidrocarburos por la Cámara de Diputados y generó polémica entre la oposición y expertos, quienes alertaron de un posible monopolio en Pemex que evitaría la libre competencia.

Más allá de los intereses económicos, esta reforma también quedó a deber en el aspecto social, pues olvidó los derechos de los pueblos, así como una de las promesas del Presidente Andrés Manuel: la prohibición del fracking, aseguraron más de 40 organizaciones que conforman la Alianza Mexicana contra el Fracking.

"En esta iniciativa de reforma que presentó el Ejecutivo y aprobaron los diputados se pierde una oportunidad de modificar aquellos artículos de la Ley de Hidrocarburos que se creó en 2014 y que han venido violando los derechos humanos de pueblos indígenas y campesinos", dijo Itzel Silva, abogada e investigadora en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de la organización Fundar.

Para la Alianza Mexicana contra el Fracking, esta reforma hubiera sido una oportunidad para transformar las promesas del gobierno en hechos, pero se presentó un proyecto que sólo velaba por la soberanía de Pemex y conservó en la Ley disposiciones establecidas en la Reforma Energética de Peña Nieto que promueven los intereses de las empresas petroleras nacionales y extranjeras por encima de los derechos de las poblaciones locales y comunidades afectadas por los proyectos.

"Pensamos que la reforma a la Ley de Hidrocarburos hubiera sido un momento idóneo para prohibir esta práctica, pero no fue así", dijo en entrevista Aroa de la Fuente, integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Las organizaciones de la Alianza hicieron un llamado al Senado, donde se discutirá en los próximos días, para armonizar esta legislación y respetar los derechos humanos, o en su caso abrir un debate amplio y representativo sobre el futuro del sector energético que incluya a los pueblos y comunidades.

SEGUIRÁ EL DESPOJO A PUEBLOS

La iniciativa tiene como eje central devolver a la estatal Pemex un mayor control de precios y echar para atrás la reforma estructural impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) en 2014.

Además contiene una serie de cambios en la transportación, distribución, comercialización, venta y almacenamiento de combustibles y abarca los sectores de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

Los defensores de esta Ley argumentan que servirá para combatir la corrupción, el saqueo y el abuso de empresas privadas, pero el sector empresarial y analistas consideran que es inconstitucional y abre la puerta a la expropiación. El debate, sin embargo, va más allá, dijeron organizaciones consultadas.

Itzel Silva, explicó "La Ley de Hidrocarburos actual señala que los pueblos pueden ser obligados a permitir el uso de sus terrenos para las actividades de hidrocarburos. Esto es totalmente contrario a derechos ya reconocidos", mencionó.

Pero también se conservaron otras figuras como los estudios y evaluaciones de impacto social, donde dejan en manos de las empresas la realización de las evaluaciones y excluyen la participación de las comunidades afectadas.

Uno de los artículos más polémicos de la actual Ley de Hidrocarburos que las organizaciones de la Alianza pedían eliminarlo es el número 100, el cual dice textual:

"La contraprestación, los términos y las condiciones para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes o derechos necesarios para realizar las actividades de Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de dichos terrenos, bienes o derechos, incluyendo derechos reales, ejidales o comunales, y los Asignatarios o Contratistas. Tratándose de propiedad privada, además podrá convenirse la adquisición".

"Lo dispuesto en el presente Capítulo será aplicable respecto de los derechos que la Constitución, las leyes y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, reconocen a las comunidades indígenas", dice el artículo 100 del capítulo V de la Ley".

Silva, destacó que al dejarse intactos todos estos artículos que violan los derechos de los pueblos se está dando continuidad al modelo extractivista y de imposición de megaproyectos a los pueblos. "Las comunidades van a seguir defendiéndose ante estas imposiciones a través de amparos, juicios agrarios o movilizaciones. Mientras esto no se modifique se va a seguir facilitando el despojo".

¿Y LA PROHIBICIÓN DEL FRACKING?

Una de las promesas de campaña del Presidente Andrés Manuel fue la prohibición del fracking, una técnica para aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo que provoca daños al medio ambiente y la salud.

Pero si bien el Ejecutivo rechaza esta técnica y asegura que en su Gobierno ya no se practica, en los hechos Pemex opera tres pozos y va por seis más, denunció en mayo del año pasado la Alianza Mexicana contra el Fracking.

Aunado a estas denuncias, la reforma aprobada en la Cámara de Diputados no prohíbe el fracking.

"La Ley incluye diversos cambios que van en línea de fortalecer el rol del estado en lo que se trata del transporte, almacenamiento y venta de hidrocarburos, pero ese fortalecimiento no viene de la mano para atender problemáticas sociales que han sido denunciadas por organizaciones", mencionó Aroa de la Fuente.

La integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking señaló que el Gobierno del Presidente López Obrador aún tiene una deuda pendiente.

"Vemos con preocupación que en el discurso de investidura de Andrés Manuel señaló que no se permitiría el fracking y lo que hemos identificado es que pese a los discursos y promesas, en la práctica se le ha seguido asignando presupuesto a esta actividad y la Comisión Nacional de Hidrocarburos ha seguido dando permisos para que pueda seguir siendo realizada por Pemex y empresas privadas".